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Desde hace algunos años, España ha dado pasos firmes hacia la restricción del uso de teléfonos móviles en los colegios e institutos. Este cambio normativo, impulsado tanto desde el Ministerio de Educación como desde las consejerías en las distintas comunidades autónomas, responde a preocupaciones sobre el rendimiento académico, la convivencia escolar, el ciberacoso y la salud emocional del alumnado.
En 2024, la mayoría de las comunidades autónomas ya habían aprobado instrucciones o resoluciones para prohibir el uso de móviles durante toda la jornada escolar. En Infantil y Primaria, esta prohibición es prácticamente generalizada, y en la ESO su uso solo se permite si está vinculado a una actividad pedagógica y bajo supervisión docente.
Algunas comunidades pioneras, ya aplicaban estas restricciones desde hace varios años.
Castilla-La Mancha fue la primera en hacerlo, en 2014, permitiendo solo usos educativos. Galicia adoptó una norma similar en 2015 y en 2023 extendió la prohibición al recreo, comedor y actividades extraescolares. Y, Madrid impuso la prohibición en el curso 2020-2021, permitiendo excepciones para usos pedagógicos o necesidades especiales.
En otras comunidades como Andalucía, Aragón, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Canarias, País Vasco, Cantabria y Navarra han adoptado normas similares entre 2023 y 2024, con distintos niveles de flexibilidad y centralización.
Todas estas prohibiciones se justifican partiendo y basándose en distintos estudios, por ejemplo, una investigación del programa PISA de la OCDE señala que los alumnos que sufren distracciones por dispositivos digitales pueden obtener hasta 15 puntos menos en matemáticas, lo que equivale a casi tres cuartos de año de aprendizaje.
En un artículo reciente destaca que en España, junto con Inglaterra y Noruega, la prohibición de móviles se relaciona con mejor rendimiento académico, menos bullying y beneficios en salud mental, especialmente cuando la prohibición es estricta.
Por otro lado, la UNESCO también alerta de que la distracción tecnológica dificulta la concentración, indicando que se tardan 20 minutos en volver a enfocarse tras una interrupción causada por el móvil.
Las autoridades educativas también presentan datos positivos sobre la convivencia y la reducción de conflictos.
En Murcia, la prohibición implantada en 2024 ha disminuido los casos de ciberacoso en un 73 %, según datos del gobierno regional.
En la Región de Murcia, se constata una tendencia similar a la reducida de incidencias derivadas de dispositivos móviles.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha intervenido en este debate, recomendando evitar el uso de dispositivos personales como móviles o tablets en las aulas si hay medios menos invasivos que garanticen la privacidad del alumnado.
En ese sentido, los docentes necesitan respaldo legal para actuar frente al incumplimiento de estas normas. El sindicato ANPE en Cantabria ha reclamado protocolos claros para la requisa y custodia de móviles, dado el valor económico y la intimidad que contienen, y ha solicitado mayor seguridad jurídica para el profesorado.
De hecho, hay debates legales sobre si los docentes pueden requisar dispositivos sin consentimiento, dado que esto puede suponer una vulneración del derecho constitucional a la privacidad y de la Ley de Protección de Datos.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Educación propuso una norma nacional que prohibiera el uso de móviles en Primaria durante toda la jornada escolar, mientras que en la ESO solo estarían permitidos como herramienta educativa y bajo supervisión docente.
El Consejo Escolar del Estado también apoyó esta idea, junto a la creciente presión de familias y docentes por un marco común.
La prohibición del móvil en los centros educativos españoles refleja una respuesta coordinada a los desafíos tecnológicos contemporáneos. A nivel pedagógico, pretende garantizar una educación más centrada, con menos distracciones y mejora en el rendimiento.
A nivel social, se busca fortalecer la convivencia, reducir el ciberacoso y promover interacciones personales auténticas. Legalmente, se construye un espacio regulado que protege la privacidad y da seguridad a la labor del profesorado. Aunque existen excepciones por necesidades educativas o de salud, el consenso generalizado apunta a una tendencia con impacto positivo evidente en el entorno escolar.
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Ana Belén Salinas Lozano
DOCENTE DE LA FACULTAD DE DOCENCIA Y FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
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