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La Ley de Universidades (LOSU, 2023), que es el nombre con el que se conoce a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, surgió con el propósito de actualizar de forma significativa el Sistema Universitario Español tras más de 20 años de vigencia de la LOU 2001 y su reforma de 2007.
Su hoja de ruta combina gobernanza transparente, carrera académica digna, acceso equitativo y objetivos de sostenibilidad alineados con la Agenda 2030, de manera que, con esta normativa se aspira a que los campus públicos compitan en la liga global del talento sin perder su vocación de servicio público.
Entre 2019 y 2022, el Ministerio de Universidades diagnosticó 5 grietas, que son el exceso de contratos temporales (hasta un 40 % del profesorado); encarecimiento de las primeras matrículas; órganos de gobierno poco pluralistas; baja captación internacional y falta de metas ambientales.
Tras casi 300 enmiendas parlamentarias, el texto definitivo se aprobó en marzo de 2023 con el compromiso de alinear a España con el Espacio Europeo de Educación Superior, así como las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en materia de financiación y transparencia.
Algunas de las principales novedades de la Ley de Universidades (LOSU, 2023) son las siguientes:
La ley LOSU obliga a renovar Estatutos antes de abril de 2025, de manera que, el Claustro tendrá, como mínimo, un 55 % de PDI, un 25 % de estudiantes y un 3 % de PAS.
Asimismo, el Consejo Social amplía la presencia de agentes externos con voto sobre estrategia y presupuestos y se crea un portal de datos abiertos con indicadores de empleabilidad, huella de carbono y ejecución presupuestaria.
El artículo 64 de la nueva Ley de Universidades fija un tope del 8 % a la contratación temporal (antes rondaba el 40 %) e instituye la figura de «profesorado permanente laboral», un tenure-track de 6 años evaluado por méritos docentes, investigación y transferencia.
Quien supere la evaluación pasa al cuerpo de Titulares; además, la carga lectiva se podrá reducir a 18 créditos si la investigación es sobresaliente.
La disposición adicional 5.ª congela las tasas de primera matrícula de grado en niveles de 2011-2012 y crea becas-salario de hasta 3.000 euros anuales para rentas bajas.
También reserva al menos un 5 % de plazas a estudiantes con discapacidad y exige la accesibilidad universal de aulas y plataformas.
La Ley de Universidades (LOSU, 2023) simplifica los dobles títulos con universidades extranjeras (mínimo el 40 % de créditos en cada institución) y agiliza la admisión de talento internacional mediante un próximo real decreto.
Cada campus debe calcular su huella de carbono y fijar un plan de neutralidad climática antes de 2030, ligando parte de su financiación a esos objetivos.
La Ley de Universidades (LOSU, 2023) afecta a estudiantes y familias, de modo que, las rebajas de tasas, las becas-salario y la representación estudiantil del 25 % en el Claustro, refuerzan la voz del alumnado y reducen barreras económicas.
De igual manera, el Observatorio del Sistema Universitario calcula descensos de hasta un 15 % en ingenierías en Cataluña y un 8 % en másteres habilitantes en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, incide en el profesorado, ya que, esta Ley Orgánica de Universidades estabilizará más de 12.000 contratos antes de 2030 al limitar la temporalidad al 8 % y ofrecer la vía tenure-track, acercando a España a modelos neerlandés y canadiense.
Asimismo, el Personal de Administración y Servicios gana visibilidad, puesto que, al menos un 3 % de representación en el Claustro, itinerarios de promoción ligados a competencias digitales y opción de teletrabajo parcial, son requisitos ya esbozados en planes de igualdad autonómicos.
Las comunidades autónomas, es decir, las consejerías, deberán converger hacia un coste mínimo por estudiante acordado en la Conferencia General de Política Universitaria y publicar un informe anual de suficiencia financiera y temporalidad docente.
De igual forma, hay que mencionar el sector productivo y sociedad civil, en vista de que, el renovado Consejo Social (mayoría de miembros externos), avala contratos del artículo 60 para que el profesorado partícipe en spin-offs sin renunciar a la docencia.
Además, el Ejecutivo espera elevar un 30 % los ingresos propios de las universidades públicas antes de 2028.
Imaginemos un campus público de 18.000 estudiantes con una temporalidad del 37 % en 2022.
Aplicar la Ley de Universidades (LOSU, 2023) supone estabilizar casi 300 contratos en 5 años. El centro ha convocado 55 plazas de «profesor permanente laboral», redirigió fondos Next Generation a laboratorios y aulas híbridas y su Consejo Social (ahora con mayoría externa), negocia la financiación de un nuevo laboratorio de prototipado abierto al estudiantado.
Sindicatos y rectores alertan de cuellos de botella: calendario ajustado para reformar Estatutos, financiación autonómica desigual y la dificultad de cumplir el 8 % de temporalidad con presupuestos estrechos.
El Ministerio ha prometido un reglamento de desarrollo que aclare la carrera tenure-track y los mecanismos de evaluación antes de julio de 2026.
Las cláusulas sobre dobles titulaciones, microcredenciales y Erasmus+ ampliado alinean a España con la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre itinerarios flexibles.
Para 2026 cada universidad deberá ofertar al menos 2 programas conjuntos con instituciones extranjeras y un 20 % de sus grados incluirá certificados de competencia digital comunes en la Unión.
La Ley de Universidades (LOSU, 2023) no es un simple retoque legislativo, sino que, combina estabilidad laboral, participación estudiantil y una agenda verde e internacional.
Así pues, la reforma tiene potencial para colocar a España en la primera línea europea de formación, investigación e innovación, atrayendo talento global y devolviendo conocimiento de alto impacto a la ciudadanía, de forma que, para que esta norma rinda frutos, son esenciales la financiación sostenible, coordinación interterritorial y transparencia real.
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Cristina Polo Calvo
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