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Los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista son víctimas silenciadas de una violencia estructural. Se enfrentan no solo al trauma de la pérdida, sino a dinámicas que vulneran aún más su integridad y dignidad. En este artículo, se explica la qué ocurre con los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista; muchas de las cuales quedan huérfanas a consecuencia de este tipo de violencia.
La violencia machista sigue siendo una realidad dramática en todo el mundo. En el caso de España, a fecha reciente, ya se han registrado 25 mujeres asesinadas en lo que va de año, elevando el total desde 2003 a 1.319 víctimas mortales.
Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras no solo para las mujeres, sino también para sus hijos e hijas, quienes quedan marcados como víctimas directas.
En 2024, 48 mujeres fueron asesinadas, lo que dejó a 35 menores huérfanos. Además, 9 niñas y niños resultaron asesinados en el marco de violencia vicaria, cifra récord. Desde 2013, cuando se empezaron a registrar datos oficiales, han fallecido 65 menores en contextos de violencia machista.
Los hijos e hijas de mujeres asesinadas viven procesos de duelo extremadamente complejos y presentan un perfil particular de vulnerabilidad. Se enfrentan no solo al dolor por la pérdida de un vínculo afectivo esencial, sino también a sentimientos de culpa, miedo e incomprensión.
Cuando el agresor es su propio padre o quien detenta la autoridad parental, el trauma puede ser más profundo y duradero. Muchos de ellos han estado expuestos de manera directa o indirecta a entornos familiares conflictivos, caracterizados por tensiones, agresiones verbales y/o físicas, y una presencia constante de miedo e incertidumbre.
Las consecuencias para los menores son múltiples y profundas. A nivel emocional y psicológico, pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, dificultades para expresar sus emociones y problemas de apego. En el ámbito social, suelen experimentar aislamiento, dificultad para confiar en adultos y establecer relaciones saludables entre pares. En el plano educativo, estos niños y niñas pueden presentar bajo rendimiento académico, desmotivación y absentismo escolar, derivado del impacto emocional y la inestabilidad familiar.
Además, la exposición temprana a la violencia genera un riesgo a largo plazo de normalización de conductas agresivas o roles de género rígidos, perpetuando ciclos de violencia.
En los últimos años, el marco jurídico español ha comenzado a reconocer explícitamente la situación de los niños y niñas huérfanos a causa de la violencia de género como víctimas directas de este fenómeno. La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, ya incluyó su derecho a recibir protección y asistencia integral. Posteriormente, la Ley 26/2015 de protección a la infancia y la adolescencia reforzó esta consideración, subrayando la obligación de las instituciones de priorizar el interés superior del menor.
Un avance clave fue la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que reconoce a los huérfanos de la violencia machista como víctimas de violencia de género, garantizándoles medidas específicas de apoyo. Entre estas se encuentran pensiones de orfandad extraordinarias, ayudas económicas directas y prioridad en el acceso a recursos educativos, sanitarios y sociales.
En el ámbito judicial, se han reforzado las medidas de protección mediante órdenes de alejamiento más estrictas y la prohibición de visitas o custodia a los progenitores agresores. Asimismo, el Sistema VioGén contempla protocolos específicos para la identificación de menores en riesgo.
A nivel institucional, tanto el Ministerio de Igualdad como las comunidades autónomas han puesto en marcha programas de apoyo psicológico, becas educativas y ayudas al alojamiento para estos menores.
Atender a las/los menores que quedan huérfanos como consecuencia de feminicidios plantea múltiples retos que requieren un enfoque integral, interdisciplinario y sensible al trauma.
Uno de los principales retos es asegurar que la protección y los recursos lleguen de forma homogénea a todo el territorio, evitando desigualdades entre comunidades autónomas. Aunque existen leyes y programas de apoyo, su aplicación práctica varía según la región, lo que genera brechas en la cobertura y en la calidad de la atención recibida.
Otro reto fundamental es agilizar el acceso a las ayudas económicas y becas destinadas a estos menores. Con frecuencia, las familias o tutores legales se enfrentan a trámites burocráticos largos y complejos que retrasan la llegada de los recursos, generando inseguridad en un momento de alta vulnerabilidad.
A nivel emocional, se necesita un acompañamiento psicológico especializado y sostenido en el tiempo. No basta con intervenciones inmediatas; los niños y niñas requieren un apoyo adaptado a cada etapa de su desarrollo para poder superar el trauma y reconstruir su proyecto de vida.
En el ámbito judicial, el desafío está en garantizar una protección real y efectiva, reforzando el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y asegurando la suspensión automática de visitas y patria potestad al agresor. Además, se requiere una mayor coordinación entre juzgados, fuerzas de seguridad, servicios sociales, centros educativos y sanitarios, de manera que los menores reciban una atención integral y coherente.
Por otro lado, la visibilización social sigue siendo insuficiente. Estos menores suelen quedar en segundo plano en el debate público, lo que dificulta generar una verdadera conciencia colectiva sobre sus necesidades. También en el ámbito educativo y social persisten dificultades, como el riesgo de abandono escolar, el aislamiento o la exclusión, que deben abordarse mediante programas de apoyo académico, mentorías e integración comunitaria.
Finalmente, el reto más grande es garantizar un seguimiento a largo plazo. El impacto de la violencia no se supera en meses; requiere años de acompañamiento estable para favorecer la resiliencia, la estabilidad emocional y la autonomía de los huérfanos, evitando que la violencia condicione su futuro.
En definitiva, hay que poner en valor el gran avance normativo y de recursos desarrollado en España, pero aún falta cerrar la brecha entre la norma y la protección efectiva. Garantizar el bienestar e integridad de los niños y niñas es fundamental, ya que es un indicador del compromiso de nuestra sociedad con la igualdad, la justicia social y el futuro de las generaciones venideras.
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Beatriz Hernandez Caballero
DOCENTE DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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