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Antes de saber cómo funcionan las subastas judiciales te haremos un pequeño resumen sobre las subastas en general, para que puedas ir en sintonía del tema.
Cuando nos referimos a una subasta o remate, estamos hablando de una venta que es organizada con base en la competencia directa, y normalmente pública. El producto rematado se otorga al comprador que más dinero haya ofrecido por él. Sin embargo, si la subasta es en sobre cerrado, el producto se le otorga a la mejor oferta, esto sin la posibilidad de mejorar una vez se ha conocido el resultado.
Originalmente en el concepto se describen dos grandes tipos de subastas que serían la subasta a sobre cerrado y la subasta dinámica que puede ser una subasta ascendente, descendente o de “todos pagan”, aunque hoy queremos hablar específicamente de las subastas judiciales.
Sabiendo que son las subastas en general, es más fácil continuar con el área de las subastas judiciales.
Las subastas judiciales son las ventas obligadas utilizadas de manera legal para saldar alguna deuda cuando una persona no paga voluntariamente a su demandante. En este caso el juez le obliga a vender alguna acción, bien o inmueble para pagar a sus demandantes. En esta subasta se estipula cierto precio de salida o de venta inicial y se busca algún comprador interesado.
Nuestras leyes proclaman que esta subasta es la última parte de un procedimiento legal luego de alguna resolución fija y una ejecución. Se le llama procedimiento de apremio en el que se subastan de forma pública los productos a rematar, se fija un precio por el que estos son vendidos y se concreta a la persona que lo ha adquirido, siendo así cómo funcionan las subastas judiciales.
Mientras se está aún en el procedimiento legal, se pide al juez la información fiscal de deudor o ejecutor. Estos datos se ponen a la disposición de las fases del proceso y vienen determinados por la información que la Agencia Tributaria pone a disposición del ejecutor.
Cuando nos referimos a estos datos, estamos hablando de la compañía donde trabaja, su salario anual, sus cuentas en entidades bancarias, los vehículos que estén a su nombre, su información del castro acerca de la titularidad de propiedades, entre otros.
Los productos a rematar y embargar pueden ser de variada naturaleza; inmuebles de cualquier tipo, derechos de abono, derechos de servicio, derecho de rentas de arrendamientos, planes de pensiones, acciones, automóviles, joyería, cuentas corrientes, maquinaria industrial, antigüedades, obras, mercaderías, muebles, derechos de propiedad industrial o intelectual, entre otros.
Ya sabemos cómo funcionan las subastas judiciales en la actualidad, pero es interesante saber que desde antes los romanos ya usaban este procedimiento para el comercio público de patrimonios del estado. Ellos ponían en venta sus propiedades y las personas interesadas hacían ofertas hasta que la mayor suma de dinero adjudicaba el producto y con ello se pagaba la suma acordada al estado.
Las subastas que eran públicas en el siglo VII eran llevadas a cabo en los métodos de premura. Esta era la forma de transformar en dinero los productos confiscados del ejecutor cuando este había fallecido.
A partir de esa época, los demandantes iban hacia el Pretor (en ese tiempo eran los magistrados romanos) para solicitar la puesta de todos los bienes del deudor. Ellos los ponían en venta (remate público) y el adjudicatario de los productos pagaba las deudas del anterior propietario hasta donde llegara la suma estipulada.
Claro, hay mucho más que se puede ver sobre este tipo de procedimientos, pero si quieres volverte un experto del tema te recomendamos que ingreses a Euroinnova, una Escuela de Negocios especializada en la formación online en donde podrás descubrir los mejores cursos y programas educativos para aprender cómo funcionan las subastas judiciales.
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