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La LOPIVI es una ley orgánica pionera que aborda el maltrato infantil desde una perspectiva integral con prevención, detección temprana, denuncia obligatoria y reparación psicosocial. Esta fue promulgada en 2021 tras años de demandas de organizaciones civiles y pronunciamientos de la ONU, la norma redefine al menor como sujeto de pleno derecho, introduce la figura del coordinador de bienestar en los colegios, amplía plazos de prescripción y obliga a la coordinación interinstitucional.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en una prioridad de salud pública y un desafío de derechos humanos.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, popularmente es conocida como LOPIVI, ya que, se trata del primer marco jurídico español que aborda la violencia contra menores de forma holística.
Con relación a qué significa la LOVIPI, esta norma articula prevención, detección, denuncia, reparación y participación infantil, desplazando la vieja idea de menor objeto de tutela hacia la noción de ciudadano pleno con derechos.
Entre sus pilares destacan la obligación de cualquier persona que presencie indicios de maltrato de denunciar y la coordinación interinstitucional obligatoria que debe garantizar el Estado.
La ley articula sus metas en torno a 4 grandes ejes estratégicos que, en conjunto, buscan erradicar todas las formas de violencia contra la infancia y la adolescencia dentro y fuera del hogar.
Algunos de los objetivos principales de la LOPIVI son los siguientes:
Prevención sistémica y cultura del buen trato
El texto legal aspira a cambiar el paradigma social que normaliza ciertas conductas agresivas, que comprenden desde el cachete “correctivo” hasta el ciberacoso, reemplazándolo por principios de respeto, límites positivos y resolución pacífica de conflictos.
Para conseguirlo, impone la inclusión de contenidos sobre derechos del menor y convivencia no violenta en los currículos escolares, al igual que, exige campañas de sensibilización periódicas en medios de comunicación y obliga a los clubes deportivos, asociaciones culturales y empresas de ocio a adoptar códigos éticos que prohíban explícitamente cualquier tipo de maltrato infantil.
Detección temprana y capacitación profesional
Con la nueva ley LOPIVI de España, se asume que la primera línea de defensa la conforman docentes, pediatras, personal sanitario, policía y entrenadores.
Por ello, establece planes de formación obligatoria y continua de mínimo unas 25 horas anuales para reconocer señales físicas y emocionales de abuso, así como protocolos unificados de actuación que eviten la “deriva de ventanilla en ventanilla” y garanticen la atención en menos de 24 horas.
Denuncia ágil y protección judicial efectiva
Todo ciudadano, y no solamente los profesionales, tiene el deber legal de comunicar indicios de maltrato grave.
Asimismo, para no revictimizar al menor, la ley fija la entrevista única videograbada en salas adaptadas, limita a 2 las exploraciones forenses y extiende la prescripción de delitos hasta que la víctima cumpla 35 años, reconociendo la latencia del trauma.
Reparación integral y participación del menor
Esta norma reconoce que los daños no son solamente físicos. Obliga a los servicios públicos de salud mental a ofrecer terapia gratuita especializada, garantiza becas comedor y ayudas al estudio para víctimas y, por primera vez, concede voz a las niñas y niños en todas las fases del proceso, de modo que, pueden opinar sobre medidas cautelares, programas de acogida y planes educativos adaptados.
Cada uno de estos objetivos se refuerza con indicadores de seguimiento y con la creación de una Comisión Interministerial que se reúne, al menos, 2 veces al año para evaluar resultados y proponer mejoras normativas.
La LOPIVI abarca los siguientes de violencia:
Se incluye castigo corporal, bullying tradicional, abuso sexual, grooming y sextorsión.
Obliga a los centros educativos a contar con protocolos de detección y un registro de incidentes.
Actos u omisiones cometidos por personal público, tal como protección, salud y justicia, que lesionen derechos.
Reconoce a los hijos de víctimas de violencia machista como víctimas directas.
Falta de cuidados básicos, absentismo severo o desatención médica.
Comprender el alcance de esta legislación no solamente es clave para profesionales de la educación, la sanidad o la justicia. Asimismo, empodera a familias y comunidades, que ahora disponen de un marco claro para actuar ante cualquier indicio de violencia.
Los ámbitos de aplicación de la LOPIVI son los siguientes:
Como figuras clave se tienen el Coordinador/a de bienestar y protección y el equipo de convivencia, responsables de prevenir y derivar casos.
Protocolos para cribado de abusos y obligación de denunciar de médicos y enfermeras.
Entrevista única videograbada, salas Gesell y ampliación del plazo de prescripción hasta que la víctima cumpla 35 años.
Revisión de antecedentes penales para monitores, así como planes de formación en federaciones y clubes.
Estrategias de alfabetización y filtros parentales, tales como la ley insta al Gobierno a impulsar la protección de datos reforzada para menores.
Entre las principales medidas que establece la ley, podemos mencionar las siguientes:
El Coordinador de bienestar de LOVIPI es un referente de confianza del alumnado que detecta, documenta y deriva casos de riesgo. Tiene que coordinar talleres de buen trato y formación en línea. Debe acreditar formación específica de 300 horas en prevención de violencia infantil y mediación.
Según la ley LOPIVI, los docentes, pediatras, jueces o entrenadores deben acreditar cursos en detección precoz y buen trato cada 2 años.
Entre los principios que contempla la LOPIVI se encuentra el de que, cualquier ciudadano que observe indicios graves debe comunicarlo. Se elimina la exención del “deber de sigilo” para profesionales sanitarios.
Los plazos empiezan cuando la víctima cumple 35 años y no 18, reconociendo la latencia del trauma infantil.
Protege a toda persona menor de 18 años que se encuentre en territorio español, incluidas extranjeras y refugiadas.
De igual manera, responsabiliza a:
Administraciones públicas (educación, sanidad, justicia).
Entidades deportivas y de ocio deberán contar con planes de protección y registro de monitores.
Medios y plataformas digitales tienen el compromiso de retirar contenidos violentos y proteger datos de menores.
Algunos aspectos en los que la LOPIVI cambia con respecto a la legislación anterior son los siguientes:
Visión integral de la protección infantil: pasa de la lógica reactiva (intervención tras la agresión) a la preventiva y restaurativa.
Mayor coordinación institucional: crea la Comisión Interministerial de Seguimiento y obliga a comunidades autónomas a reportar estadísticas unificadas.
Reconocimiento del derecho de los menores a ser escuchados y participar: la víctima puede proponer medidas cautelares y comparecer con asistencia psicológica.
Así pues, el reto consiste en garantizar recursos, formación y coordinación real para que la ley no se quede en papel.
La LOPIVI es una herramienta que si se aplica con rigor contribuirá a la consolidación de una cultura de buen trato y detección temprana, la cual es imprescindible para que niños y adolescentes crezcan libres de violencia y con la capacidad de ejercer plenamente sus derechos.
Así pues, la entrada en vigor de esta ley representa el salto cualitativo más importante desde la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996.
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Cristina Polo Calvo
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