Javier Rodriguez Maiquez

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DOCENTE DE LA FACULTAD DE DERECHO


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Mi nombre es Javier Rodríguez Maiquez, jurista y docente en el área de Business. Tutorizo distintas ramas dentro de la Facultad de Derecho.


Estoy especializado en protección de datos, Compliance y derecho laboral, entre otras materias. Soy un formador comprometido, con capacidad de trabajo y colaboración en equipo para contribuir a un mejor servicio a nuestros alumnos. 

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  • Licenciatura en Derecho 
  • Máster Oficial Universitario en Formación de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL). 
  • Curso superior de Experto Legal en Servicios Digitales 
  • Curso de Reglamento General de Protección de Datos 

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  • Actualmente – Docente en Facultad de Derecho en INESEM 
  • Profesor particular 
  • Profesor de FOL y EIE 
  • Analista de sanciones y prevención del blanqueo de capitales 
  • Responsable de la Protección de Datos 

Artículos publicados

Estos son los principales tipos de documentos administrativos

Estos son los principales tipos de documentos administrativos

La actividad administrativa en España es profusa y permea en todas las capas de la sociedad. Es por ello, que los documentos administrativos tienen un importante rol en la relación entre los ciudadanos y los organismos públicos. Estos documentos nos facilitan la gestión interna con las administraciones públicas. Además, también garantizan la transparencia y la legalidad de los procesos que llevamos a cabo con ellas.  Hoy, profundizaremos en el concepto de documento administrativo y los diferentes tipos de documentos que se utilizan en los procedimientos administrativos.  Concepto de documento administrativo  Podemos definir el documento administrativo como cualquier soporte material que contiene una declaración o información producida por un órgano de la administración pública. Estos documentos son esenciales para la acreditación de actos administrativos y para garantizar la seguridad jurídica tanto de la administración como de los administrados.  En España, están regulados en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta norma regula su creación, gestión y conservación.  Tipos de documentos administrativos  Existen distintas clases de documentos administrativos, que además se pueden clasificar desde diferentes perspectivas. En este artículo nos vamos a centrar en una clasificación basada en el tipo de declaración que contienen.  Documentos administrativos de decisión  Los documentos administrativos de decisión son aquellos que contienen una declaración de voluntad de la administración. Su principal propósito es producir actos administrativos. Estos documentos son esenciales en los procedimientos administrativos de decisión. Entre los ejemplos más comunes de documentos administrativos de decisión mencionamos los siguientes:  Resoluciones: Actos administrativos que resuelven de manera definitiva un procedimiento administrativo. Por ejemplo, la resolución de concesión de una licencia de obras.  Decretos: Actos administrativos emanados de autoridades superiores, como ministros o consejeros, que resuelven cuestiones específicas dentro de su ámbito de competencia.  Acuerdos: Decisiones adoptadas por órganos colegiados de la administración, como las juntas de gobierno local.  Documentos administrativos de transmisión  Los documentos administrativos de transmisión son aquellos que contienen una declaración de conocimiento o comunicación. Su objetivo es transmitir información entre diferentes órganos de la administración pública o entre la administración y los ciudadanos.  Estos documentos facilitan la coordinación y la colaboración entre distintas entidades. Además, aseguran que la información relevante llegue a sus destinatarios.  Algunos ejemplos de documentos administrativos de transmisión pueden ser los siguientes:  Notificaciones: Comunicaciones oficiales mediante las cuales se informa a los interesados de una resolución o acto administrativo.  Oficios: Comunicaciones formales entre diferentes unidades administrativas, como la solicitud de informes o la remisión de documentos.  Circulares: Instrucciones o directrices emitidas por una autoridad administrativa a sus subordinados para la correcta ejecución de sus funciones.  Documentos administrativos de constancia  Estos documentos tienen como finalidad dejar registro de actos, hechos o efectos relevantes para la administración. Son fundamentales para la acreditación de actos administrativos de transmisión y otros procedimientos, asegurando que la información se conserve de manera adecuada. Algunos tipos de documentos administrativos de constancia son:  Actas: Documentos que registran lo acontecido y las decisiones tomadas en reuniones, sesiones o actos administrativos. Por ejemplo, las actas de las sesiones plenarias de un ayuntamiento.  Certificados: Documentos que acreditan oficialmente un hecho o situación administrativa. Por ejemplo, un certificado de empadronamiento.  Registros: Inscripciones en los libros o bases de datos oficiales de la administración, como el Registro de la Propiedad o el Registro Civil.  Documentos administrativos de juicio  Por otra parte, los documentos administrativos de juicio contienen una valoración emitida por la administración, normalmente en el trascurso de un procedimiento de inspección, evaluación o auditoría. Estos documentos son esenciales para la toma de decisiones informadas y para el control interno de la actividad administrativa. Entre los ejemplos más destacados de este tipo de documentos se encuentran:  Informes: Documentos elaborados por técnicos de la administración. Contienen valoraciones, o recomendaciones sobre un asunto específico. Por ejemplo, un informe urbanístico.  Dictámenes: Opiniones emitidas por órganos consultivos de la administración sobre cuestiones jurídicas o técnicas. Por ejemplo, un dictamen del Consejo de Estado.  Valoraciones: Documentos que expresan el juicio de la administración sobre determinados bienes o servicios, como una valoración catastral.  Profesiones como las del gestor o auxiliar administrativo, que tratamos en nuestro blog, deben conocer y entender el procedimiento de los distintos tipos de documentos administrativos.  En definitiva, los documentos administrativos son instrumentos esenciales para el funcionamiento eficiente y transparente de las administraciones públicas en España. Su correcta clasificación y gestión facilitan la actividad administrativa. Además, también aseguran la legalidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.  Conocer los diferentes tipos de documentos administrativos y su finalidad es fundamental para cualquier profesional del ámbito administrativo y para aquellos que interactúan frecuentemente con organismos públicos. Si quieres estar preparado y quieres ser un experto en la gestión de documentos administrativos, matricúlate en nuestro curso en redacción de informes escritos e informes administrativos.  Por todo ello, es de suma importancia para cualquier profesional del ámbito administrativo, entender los distintos tipos de documentos administrativos y sus propósitos. También para quienes interactúan frecuentemente con organismos públicos. Y el primer paso es conocer en profundidad la Ley de Procedimiento Administrativo Común. No te pierdas el artículo en el que hablamos a fondo sobre esta ley.  Quizá te interese leer sobre... ¿Qué son los contratos de compraventa internacionales? IA para abogados Titulaciones que pueden interesarte ¿Quieres formarte en estos y otros tipos de documentos administrativos? ¡Dale una oportunidad a Euroinnova y confía en nuestra formación 100% online! CURSO DE TRADUCCIÓN JURÍDICA: Curso de Especialista en Traducción Jurídica CURSO ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL: Curso en Gestión de Archivo y Gestión Documental (Titulación Universitaria + 6 Créditos ECTS) CURSO EN REDACCIÓN INFORMES ESCRITOS: Experto en Redacción de Escritos e Informes Administrativos   Conoce nuestros Temarios en PDF para las oposiciones de Administración E2 personal Laboral ...

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El secreto bancario en España: protección y limitaciones

El secreto bancario en España: protección y limitaciones

El secreto bancario es uno de los pilares fundamentales del sistema financiero, garantizando la confidencialidad de las operaciones y la privacidad de los datos de los clientes. En España, esta figura jurídica se encuentra enmarcada dentro de una amplia normativa que, aunque protege el derecho a la intimidad de las personas físicas y jurídicas, también establece limitaciones importantes en situaciones específicas.  Concepto de secreto bancario  El secreto bancario se refiere a la obligación que tienen las entidades de crédito e instituciones financieras de mantener la confidencialidad sobre la información de sus clientes. Este concepto está estrechamente relacionado con el secreto profesional, el cual está protegido por el Código Civil español y diversas leyes orgánicas que regulan la protección de datos personales.  En este contexto, el secreto bancario garantiza que los datos bancarios, las operaciones realizadas, y las posiciones financieras de los clientes se mantengan en estricto resguardo, exceptuando los casos donde la ley impone su revelación.  Problemas del secreto bancario  A pesar de su importancia en la protección de la privacidad, el secreto bancario ha sido objeto de debate, especialmente en relación con su uso indebido por parte de organizaciones que buscan ocultar actividades ilegales. La confidencialidad bancaria ha sido tradicionalmente explotada por el crimen organizado y otras actividades ilícitas, como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.  Esta situación ha llevado a que organismos internacionales y gobiernos, incluyendo la Unión Europea, impulsen reformas que permitan mayor transparencia y cooperación entre centros financieros extraterritoriales y las autoridades fiscales.  Limitaciones y legislación del secreto bancario  En España, el secreto bancario no es absoluto. Existen varias limitaciones legales que obligan a las entidades de crédito a compartir información bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los bancos están obligados a colaborar con las autoridades cuando se detecta una actividad sospechosa que pueda estar relacionada con delitos financieros.  Además, el Código Penal español y la legislación fiscal imponen la obligación de reportar información en casos de crimen organizado o cuando se sospeche de blanqueo de capitales, financiaciones del terrorismo o cualquier otra actividad ilegal.  A nivel de la Unión Europea, la normativa conocida como DAC6 exige que las entidades bancarias informen sobre ciertos esquemas fiscales que podrían ser considerados como abusivos. También, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) afecta cómo se manejan y protegen los datos personales de los clientes en las operaciones transfronterizas.  Incumplimiento del secreto bancario  El incumplimiento del secreto bancario en España puede acarrear sanciones graves para las entidades financieras y sus empleados. Las violaciones a la confidencialidad pueden derivar en responsabilidades civiles, penales y administrativas, dependiendo de la gravedad del caso. Por ejemplo, la revelación no autorizada de datos bancarios puede ser considerada una infracción muy grave bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que puede resultar en multas significativas y hasta la pérdida de licencias operativas para la entidad infractora.  Un caso típico de incumplimiento se presenta cuando una entidad bancaria divulga información sensible sin el consentimiento del cliente o sin una orden judicial que lo justifique. Estas acciones no solo vulneran el derecho a la intimidad protegido por la Constitución española, sino que también afectan la confianza del público en el sistema financiero.  Secreto bancario: equilibrio entre protección y transparencia El secreto bancario sigue siendo un elemento crucial para la protección de la privacidad dentro del sistema financiero en España. No obstante, sus limitaciones reflejan la necesidad de equilibrar este derecho con la lucha contra el crimen organizado y la evasión fiscal.  La legislación vigente, tanto a nivel nacional como europeo, establece un marco robusto que busca proteger los datos de los clientes mientras garantiza la transparencia necesaria para prevenir actividades ilícitas. Es fundamental que las entidades bancarias comprendan y respeten estas normativas, para mantener la integridad del sistema financiero y la confianza del público.  Si te ha parecido interesante el tema que se ha tratado en este artículo y quieres desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de la fiscalidad internacional, visita nuestro Posgrado fiscalidad internacional homologado y fórmate de la mejor forma para tu futuro.  Si quieres seguir aprendiendo, puedes visitar nuestros siguientes artículos: ¿Qué es la carrera de comercio internacional? Requisitos para trabajar en un banco Formaciones que te podrían interesar: ...

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Todo lo que necesitas saber sobre el Control de Constitucionalidad en España

Todo lo que necesitas saber sobre el Control de Constitucionalidad en España

En el marco jurídico español, el control de constitucionalidad juega un papel crucial en garantizar que las leyes y acciones del gobierno estén en línea con los principios de la Constitución. En este post, exploraremos qué es el control de constitucionalidad, cómo funciona en España y como se articula en nuestro sistema legal. Abordaremos los conceptos básicos y su aplicación práctica. También descubriremos cómo este proceso contribuye a mantener el Estado de Derecho en nuestro país. Definición de control de constitucionalidad El control de constitucionalidad es cuando ciertos órganos del gobierno revisan si los poderes públicos cumplen con lo que dice la Constitución. Si no cumplen, pueden decidir anularlas o no aplicarlas. En otras palabras, el control de constitucionalidad es lo que sucede legalmente cuando la Constitución tiene una autoridad superior a otras leyes. No se trata tanto de garantizar que la Constitución se cumpla, como de asegurar que su importancia no se vea disminuida. Esto es esencial para que el sistema constitucional funcione correctamente, aunque no es la única condición necesaria. Quién controla el Tribunal Constitucional En España, el órgano encargado de ejercer el control constitucional es el Tribunal Constitucional. La manera más común de control constitucional en nuestro país se puede dividir en dos tipos: el control político y el control judicial, dependiendo de si el órgano que lo realiza es parte del gobierno o del sistema judicial. Métodos de control constitucional Control judicial: En este procedimiento, los tribunales tienen la facultad de examinar si las leyes cumplen con lo establecido en la Constitución. El encargado de llevar a cabo este control es el Tribunal Constitucional. La función de este tribunal es asegurar que las normativas y decisiones gubernamentales se ajusten a los preceptos constitucionales. Recurso de amparo: Los individuos tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si consideran que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Este, les permite a los ciudadanos solicitar la protección de sus derechos frente a posibles actuaciones ilegales por parte de las autoridades. Sistemas de control constitucional En España, el control constitucional es crucial para garantizar el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este proceso se lleva a cabo mediante dos sistemas principales: el control judicial y el control político. A continuación, exploraremos cómo funcionan estos sistemas y su importancia para el Estado de Derecho en España. Control judicial:  Los tribunales tienen la responsabilidad de revisar si las leyes y acciones del gobierno están de acuerdo con la Constitución. El Tribunal Constitucional es el principal órgano encargado de realizar este control. Control político: Este sistema implica que los órganos políticos, como el Congreso de los Diputados y el Senado, supervisen y controlen la constitucionalidad de las leyes a través de sus procedimientos legislativos. Modelos de control constitucional El artículo 163 de la Constitución Española permite que cualquier tribunal consulte al Tribunal Constitucional si cree que una ley , podría ir en contra de la Constitución. Esto se conoce como la vía indirecta o de excepción para solicitar el control constitucional. Cuando un tribunal encuentre que una ley en particular, que es relevante para el caso en cuestión, podría estar en contradicción con la Constitución, debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Esto se hace de acuerdo con los procedimientos y efectos establecidos por la ley, pero es importante destacar que estos procedimientos no detienen el proceso judicial. En resumen, podemos decir que el sistema de control constitucional establecido en nuestra Constitución es adecuado en general. Se ha optado por un sistema de control judicial, específicamente el modelo de jurisdicción concentrada y especial, que se ajusta mejor a nuestro sistema legal que el modelo de jurisdicción difusa. Además, la protección de los derechos fundamentales está bien garantizada mediante el juicio de amparo en los tribunales ordinarios y el recurso ante el Tribunal Constitucional. Si te ha parecido interesante el contenido de este artículo y deseas sumergirte más en el derecho constitucional, además de aprender cómo se relaciona con el resto de los órganos e instituciones, échale un vistazo al Curso de Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos. Para más información: Competencias del Tribunal Constitucional La cuestión de inconstitucionalidad Mantente al día de todas las novedades educativas en nuestro blog: El protocolo empresarial como pieza clave para el éxito corporativo, un análisis profundo del resultado de explotación o ciberestafas, el segundo delito más denunciado. Bibliografía El Control de Constitucionalidad en la Constitución Española de 1978. Por Manuel Aragón. Constitución Española de 1978. "El Tribunal Constitucional español", Consejo General del Poder Judicial (Ver aquí) "El Tribunal Constitucional español: funciones y competencias", El Derecho (Ver aquí) Página oficial del Tribunal Constitucional de España: Ver aquí ...

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